El exdiputado considera que la inversión trascendería el sector energético y llegaría a servicios públicos e infraestructura
El acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos tiene capacidad para movilizar más de 100.000 millones de dólares en inversiones y generar cerca de 209.000 millones de dólares en ingresos tributarios, de acuerdo con los cálculos del gobierno venezolano citados en el análisis de Leopoldo Martínez Nucete, presidente del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA).
El entendimiento apunta a una asociación energética de largo plazo para el desarrollo de 17 campos petroleros con un potencial estimado de 65.000 millones de barriles. Las reservas seguirían perteneciendo a Venezuela, mientras Estados Unidos obtendría una participación mayoritaria en el crudo producido.
Para Martínez, el impacto se sentiría mucho más allá del petróleo: una inversión de esa magnitud dinamizaría infraestructura, banca, construcción y cadenas de suministro, mientras los mayores ingresos fiscales permitirían reconstruir servicios públicos como electricidad, hospitales, escuelas y comunicaciones.
El analista propone un cambio de mirada sobre la soberanía. “Venezuela ha confundido el mantenimiento de su soberanía con dejar el petróleo bajo tierra”, señala, para luego precisar que “la verdadera soberanía consiste en establecer reglas que conviertan esos recursos en prosperidad para los venezolanos, inclusive con socios internacionales”.
En el terreno legal, destaca la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar contratos de participación en la producción. “La experiencia muestra que los operadores privados pueden aportar capital, restaurar infraestructura y elevar la producción”, sostiene.
Martínez añade que la estabilidad del acuerdo tendría un valor político: “Una asociación energética estable también anclaría la transición política del país e incentivaría el establecimiento de reglas predecibles, certeza jurídica y estabilidad”. Para consolidar esos beneficios, plantea presupuestos públicos, auditorías independientes y supervisión parlamentaria sobre los recursos.
